El Ministerio de Fomento ha renovado el Comité de Regulación Ferroviaria mediante el nombramiento de Juan Miguel Sánchez García como presidente del órgano y de dos nuevos vocales, José María Collado González y Vicente Hernández Gutiérrez.
(22/11/2010) Juan Miguel Sánchez García nació en Baza (Granada), el 12 de febrero de 1960. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha completado sus estudios con diversos cursos de licenciatura de Ciencias Políticas, máster en Dirección en inversiones públicas, estudios de especialización sobre Derecho europeo en Bruselas y en la Escuela Diplomática de Madrid.
Su vida profesional ha estado siempre ligada al ámbito de la Administración y la empresa pública. Ha sido funcionario del Ministerio de Fomento desde 1985. Anteriormente ha desempeñado sido director general de Transporte Terrestre; director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera; subdirector general de Ordenación y Normativa y subdirector general de Gestión y Análisis del Transporte Terrestre.
Comité de Regulación Ferroviaria
Según el Ministerio de Fomento, el objetivo de los nombramientos es impulsar el funcionamiento del Comité de Regulación Ferroviaria para que, entre otras cosas, contribuya a generar condiciones de mercado en el transporte de mercancías por ferrocarril, conforme al Plan de Impulso del sector.
El Comité fue creado por la Ley del Sector Ferroviario, que regula sus fines y sus funciones, entre las que se encuentran la de salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre la Red Ferroviaria de Interés General y velar por que éstos sean prestados en condiciones "objetivas, transparentes y no discriminatorias".
También tiene que garantizar la igualdad entre empresas públicas y privadas en las condiciones de acceso al mercado de los referidos servicios, resolver los conflictos que puedan plantearse, informar y asesorar a la Administración del Estado y a las comunidades autónomas que lo requieran.
Según Fomento, le corresponde, igualmente, conocer aquellas reclamaciones que formulen las empresas ferroviarias, fundadas en cualquier trato discriminatorio que reciban de la Administración Pública o de cualesquiera entes públicos y resolver aquellos conflictos que puedan plantearse en el ámbito ferroviario.