(20/07/2026)  

La sustracción de estos elementos, fundamentales para la explotación, causa graves perjuicios al servicio, ya que afecta directamente a diversos sistemas empleados en la gestión del tráfico ferroviario y repercute de forma crítica en un servicio público esencial.

Los robos de cableado vinculado a la electrificación o los equipos de señalización y telecomunicaciones tienen un impacto que va más allá del coste económico, ya que se debe reponer de manera urgente para restablecer el servicio y garantizar la seguridad cuanto antes. Esto obliga a interrumpir parcial o totalmente la circulación, lo que provoca retrasos y molestias a los viajeros.

Adif denuncia todos los robos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que mantiene una estrecha colaboración para perseguir estos delitos y, ante el aumento de las sustracciones, el gestor ferroviario ha reforzado la vigilancia, especialmente en los puntos con mayor incidencia.

Evolución y distribución territorial

Tras descender de 206 denuncias en 2018 a un mínimo de 121 en 2020, la tendencia se invirtió a partir de 2021, con 279 denuncias, 392 en 2022, 360 en 2023 y 345 en 2024. En 2025 se alcanzó el máximo de la serie y, en solo el primer semestre de 2026, las denuncias ya rozan el total registrado durante todo el año anterior.

Por áreas geográficas, desde 2018, el mayor número de denuncias presentadas por Adif corresponde a robos en Cataluña (el 27,7 por ciento), Aragón (13,3 por ciento), Andalucía (11,6 por ciento), Comunidad de Madrid (9,4 por ciento) y Castilla-La Mancha (7,3 por ciento).

En el primer semestre de 2026, el mayor número de denuncias presentadas por Adif corresponde a robos en Cataluña (el 37,8 por ciento), Aragón (el 23,13 por ciento), País Vasco (el 6,97 por ciento) y Castilla-La Mancha (el 6,22 por ciento).

Propuesta de endurecimiento de penas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar una propuesta para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal.

La iniciativa responde a la reciente oleada de robos de cable que está provocando retrasos e interrupciones del servicio y tiene como objetivo adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica, además de aumentar la protección de una infraestructura esencial para el servicio público.