(11/07/2024) En su análisis, la Comisión comienza recordando que “la situación en España, en la que la totalidad de los servicios públicos se prestan basándose en un contrato adjudicado a Renfe Viajeros sin licitación previa, contrasta con la de otros países europeos, como Alemania o Francia, donde ya se está apostando por la licitación de estos servicios”.

Por este motivo, considera que la primera licitación que se prepara al respecto es “una oportunidad para comprobar el interés de las empresas ferroviarias y ganar experiencia en el diseño de las licitaciones, ya que se trata de procesos complejos”.

Este organismo se refiere al acuerdo firmado entre el Ministerio de Transportes y Renfe Viajeros que prevé la licitación competitiva de al menos un 3 por ciento del valor del contrato, con tiempo suficiente para que los servicios se empiecen a prestar por el adjudicatario el 1 de enero de 2026.

La Comisión recomienda “liberalizar los servicios públicos progresivamente, pues la licitación simultánea de todos ellos puede poner en riesgo el éxito del proceso”. En este punto indica que sería conveniente publicar,” a la mayor brevedad posible”, un calendario para dar transparencia al sector sobre el ritmo de este proceso.

Asimismo, recuerda que el proyecto de orden regula la licitación competitiva de los servicios públicos competencia de la Administración General del Estado, “sin embargo, el Reglamento 1370/2007, que establece la licitación obligatoria de los servicios públicos, salvo excepciones tasadas, resulta de aplicación también a las autoridades autonómicas”.

Por esta razón, la Comisión considera que deberían adoptarse las medidas necesarias para que la regla general sea licitar los servicios (no adjudicarlos de forma directa) y garantizar que las condiciones sean homogéneas y competitivas en todos los procesos.

Funciones de la Comisión

En cuanto al papel de la Comisión, se indica que “cuando las administraciones pretendan adjudicar de forma directa la prestación de un servicio público, será la encargada de evaluar si la decisión está justificada de acuerdo con las Directrices de la Comisión Europea”.

Por último recomienda que “se sometan a su consulta los pliegos de los concursos públicos. Estos deben contener toda la información necesaria para que las empresas participantes puedan presentar su oferta, neutralizando la ventaja competitiva del operador establecido”.