(28/02/2024)  

Esta medida se toma ante la posibilidad de que los contratos se viesen afectados por la situación de crisis derivada de la pandemia y por la guerra de Ucrania, situaciones ambas que pudieron impactar en un incremento de precios de las materias primas. En esta línea el Gobierno aprobó la Disposición Adicional 2ª de la Ley 26/2022, para iniciar un proceso de revisión de precios a estos contratos de trenes de Servicios Públicos”.

Por este motivo, se encargó a Ineco un estudio para  establecer el impacto de las dos crisis en los precios de los componentes y de las materias primas utilizadas por los fabricantes Alstom, Stadler y CAF. Este análisis confirma el incremento de precios producido en cada uno de los componentes y materiales utilizados en el proceso de fabricación entre los que se encuentran acero, aluminio, cobre, plásticos, químicos, vidrio o material electrónico, entre otros. En consecuencia, se aplica un efecto corrector, en función del gasto realizado en cada serie de trenes y por cada uno de los fabricantes.

Escalada de precios

El informe preliminar determina el impacto de la escalada de precios de esos componentes en los contratos para, en el caso de CAF, la fabricación de 31 trenes de ancho métrico, seis ‘alpinos’, veintiocho eléctricos de media distancia, veintinueve eléctricos de Cercanías y las opciones posteriores ejercidas;

En el caso de Alstom, la fabricación de 152 trenes de gran capacidad de Cercanías y sus opciones; en el caso de Stadler, veinticuatro trenes de gran capacidad de Cercanías, en su versión de cien metros de longitud, y 35 trenes de gran capacidad, en su versión de doscientos metros, con sus posteriores opciones.  Asimismo, se plantea la revisión de los contratos para la adquisición de piezas de parque que permitirán el mantenimiento futuro de estos trenes. 

Tras su aprobación por el Consejo de Administración de Renfe, se enviará el informe a los fabricantes de trenes, que dispondrán de quince días para presentar alegaciones. El siguiente paso será remitir la propuesta a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y a Consejo de Ministros.