(02/03/2022)  

También se solicitarán los informes preceptivos y prcedimientos previos para la elaboración del texto final, que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales como proyecto de Ley.
Las medidas contempladas en esta Ley permitirá, según la ministra Raquel Sánchez, reducir ineficiencias en inversiones públicas en unos 8.000 millones de euros en una década e  incrementarán la productividad de las empresas hasta un 3,3 por cientop enel mismo período de 10 años, además de favorecer la unidad de mercado, la competitividad y la competencia.
La futura Ley se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: es la reforma 2 incluida en el Componente 1, “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”. Los hitos establecidos prevén su aprobación y entrada en vigor en el último trimestre de 2023.
El texto incluye diversas medidas recogidas en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada el pasado 10 de diciembre, que requieren reformas jurídicas con rango de Ley, y se da cumplimiento a diversas recomendaciones dadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIReF y  organismos internacionales.
La norma contribuirá a cumplir los objetivos de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo.

Pilares de la ley

El Anteproyecto de Ley establece un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país que se sustenta en cuatro pilares: reconocimiento de la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y como un elemento de cohesión social; avance hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud: introducción progresiva de nuevas tecnologías y digitalización; y mejora de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad,
Para lograr todos estos objetivos la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará la coordinación entre Administraciones a través de  la Conferencia Territorial de Movilidad y Transporte; n órgano consultivo para facilitar la cooperación de estas con el sector y los usuarios; un instrumento digital para garantizar la disponibilidad de datos relativos a la movilidad; y un  marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones.

Otras reformas

La nueva ley garantiza la contribución del Estado en el sostenimiento del transporte urbano colectivo mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades y predecible en el tiempo y establece la obligación que las Administraciones velen por incentivar y promover las soluciones de movilidad más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. 
Además, introduce la obligación de que las empresas de más de quinientos trabajadores dispongan de planes de movilidad sostenible y establece mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad. A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad, y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados. 
También se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías y reconoce su transporte como un servicio indispensable para la sociedad,
La ley fomentará la concienciación y sensibilizaciónen materia de movilidad sostenible y segura, y prevé la introducción de formación en este ámbito a lo largo de todo el currículum, desde la etapa escolar, con contenidos de educación vial, convivencia y uso de todos los modos de transporte y movilidad sostenible en condiciones de seguridad, hasta la formación profesional o universidad.
En cuanto a la digitalización, la ley profundiza en obligaciones ya existentes en la normativa europea de que los proveedores de servicios de transporte de viajeros, así como los gestores de infraestructura, faciliten la información de los servicios al Punto de Acceso Nacional. Esta información facilita la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y viajes, que hacen más sencillo el uso del transporte público.

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