(08/05/2020)  

La Comisión en su Resolución de 6 de abril de 2020 señalaba que Adif Alta Velocidad y Renfe no habían acreditado razones extraordinarias, por lo que no procedía la extensión del plazo máximo fijado por la Ley del Sector Ferroviario para el acuerdo marco, mientras no se aportase una justificación adecuada para ello (ver noticia).

La nueva documentación aportada por Renfe recoge detalladamente la flota y la inversión que realizará para prestar servicio en la capacidad marco comprometida con Adif mientras que la información inicialmente comunicada sobre los recursos comprometidos por Renfe se correspondía con su plan global de prestación de los servicios de alta velocidad. Es decir, no desglosaba ni especificaba la información correspondiente a los corredores y servicios objeto de asignación de capacidad marco, lo que impidió aprobar el acuerdo marco el pasado 6 de abril.

Obligación de Servicio Público

En su resolución, la Comisión recuerda que Adif Alta Velocidad debe asegurar y acreditar las causas que justifican la ampliación de la vigencia de los acuerdos marco, según la Ley del Sector Ferroviario, una de las cuales es la existencia de contratos a largo plazo.

En la nueva documentación, Renfe ha acreditado que el contrato actualmente vigente de prestación de obligaciones de servicio público que finaliza en 2027 y puede ser prorrogado hasta 2032, requiere numerosos surcos en la red de alta velocidad para prestar los servicios Avant.

No obstante, la CNMC señala que, según la normativa europea, a partir de 2023 se debe sacar a concurso público la prestación de los servicios sujetos a obligaciones de servicio público y cuando llegue ese momento, el acuerdo marco podría restringir la entrada de competidores en ese mercado. Por este motivo solicita a Adif Alta Velocidad que aplique lo previsto en la normativa ferroviaria para modificar, si fuera necesario, la capacidad marco adjudicada a Renfe.

Renfe ha acreditado también en la nueva documentación inversiones especializadas, tal como señala la Ley del Sector Ferroviario y los riesgos derivados de la amortización pendiente de su material rodante. Por todos estos motivos, la Comisión considera la ampliación del plazo a diez años.

Impacto del Covid-19

La CNMC, si bien es consciente de la situación generada por el Covid-19 y de su impacto económico, no considera justificado, de acuerdo con la normativa sectorial, un incremento del plazo per se de los acuerdos marco. Por ello, considera que los efectos de la pandemia deben tenerse en cuenta para hacer posible, de forma justificada, la modificación de los acuerdos marco sin penalizaciones, tal como se recoge en las resoluciones aprobadas el pasado 6 de abril de 2020.

La Comisión ha rechazado diversas alegaciones presentadas por Adif y Renfe. En concreto no ha admitido el argumento de que se haya infringido el principio de confianza legítima por el que podría amortizar su flota a pesar de que finalizase la etapa de monopolio. Por el contrario, se ha aprobado cuando se ha aportado la información requerida y detallada que lo justifica.

Asimismo, se han rechazado las alegaciones de Adif sobre la necesidad de ampliación del plazo para garantizar suficientes ingresos al gestor y para una gestión eficiente de la red ferroviaria. En este sentido, la experiencia europea pone de manifiesto que la liberalización se traduce en mejoras en la calidad del servicio y un mayor número de viajeros, que revierte en más ingresos para el gestor y más uso del transporte ferroviario, que es una pieza básica en el proceso de transición ecológica.  

Liberalización

Con la aprobación de este acuerdo marco ente Adif Alta Velocidad y Renfe, que se suma a los acuerdos ya aprobados de Ilsa y Rielsfera, culmina la fase del proceso de liberalización del transporte ferroviario de viajeros enfocada a dar seguridad jurídica a las operadoras, en la que la CNMC supervisa el cumplimiento de la normativa del sector ferroviario.

El proceso se inició el 25 de junio de 2019, cuando la Comisión analizó la propuesta de asignación de la capacidad marco para las empresas participantes. Una vez firmados los acuerdos marco, los operadores que tienen previsto iniciar su actividad el 14 de diciembre, deben solicitar, antes del 15 de junio de 2020, al gestor de la infraestructura ferroviaria los surcos.