El pasado 23 de octubre, el Tribunal Administrativo de Burdeos (Francia) anuló la Declaración de Utilidad Pública (DUP) del tranvía D y del tren-tram de Blanquefort, al considerar que la utilidad de estas líneas no estaba probada y que su coste era demasiado elevado. La Comunidad Urbana de Burdeos (CUB) ha anunciado que recurrirá esta decisión.
La Comunidad Urbana de Burdeos ha renovado la delegación de la gestión de sus transportes urbanos (bus y tranvía) a la sociedad Keolis hasta 2022. |
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(04/12/2014) Resta ahora saber, para los defensores del proyecto, cómo hacer para que las obras, que se encuentran bastante avanzadas, puedan continuar durante el tiempo de la apelación para que las dos líneas no acumulen demasiado retraso. Los servicios jurídicos de la CUB están trabajando para intentar buscar una solución. Por el momento, hay una cosa clara: las expropiaciones quedan prohibidas, y los expropiados tienen derecho ahora a reclamar su bien expropiado.
Sin embargo, Denis Teisseire, miembro de la CUB, en relación con el recurso presentado ante el Tribunal Administrativo, ha confirmado que las obras continuarán sobre el terreno, pese a la decisión de la justicia.
El tren-tram debía conectar Burdeos-Ravezies con Blanquefort, pasando por Bruges, en el horizonte de 2017. El tranvía D debía conectar la plaza Quinconces, en el barrio de Cantinolle, con Eysines, en 2017.
Cuatro opciones
La CUB tiene a partir de ahora cuatro opciones:
- Presentar un recurso (no suspensorio) y continuar las obras.
- Continuar con el proyecto como si nada hubiera pasado, asumiendo los riesgos de interposición de recursos por los bienes expropiados.
- Regularizar el procedimiento, retomando posteriormente la declaración de utilidad pública.
-Abandonar el proyecto para construir o no uno nuevo (reestructuración).
Al parecer, la CUB ha decidido interponer un recurso y, en paralelo, relanzar los informes de encuesta de utilidad pública. El recurso no es suspensorio, y se debería solicitar una prórroga de ejecución de la decisión judicial.
Evaluación socio-económica
El punto más delicado, según la sentencia, concierne a la evaluación socio-económica, “que no permite a la población apreciar la utilidad pública del proyecto”.
El informe público examina las cifras de demanda y se teme que las hipótesis indicadas están sobrevaloradas. Se interroga también sobre los ingresos y las condiciones de financiación de la línea, y estima que es difícil apreciar dónde se encuentra la tasa de rentabilidad interna exacta del proyecto.
Roman Thomé, abogado de la CUB, ha reconocido que esta línea daría cobertura a una zona “poco poblada”, que está, sin embargo, en vías de urbanización, por lo que considera, es necesario anticiparse a las necesidades.