(13/03/2013) Librero explicó en los mismos términos que en su comparecencia ante la comisión homóloga del Senado, (Ver noticia) el camino que está siguiendo la primera fase del Plan de Racionalización, centrada en los servicios de media distancia convencional, hasta su culminación el próximo 30 de junio, seis meses después del acuerdo del Consejo de Ministros.

En esa misma fecha, el Gobierno habrá dado a conocer su decisión sobre las obligaciones de servicio público en los servicios de media distancia de alta velocidad, conocidos como Avant, y los que se prestan en la red de ancho métrico, ahora de Adif, y explotados por Renfe Operadora. Para ellos se sigue el mismo criterio de eficiencia y mantenimiento de la cohesión territorial, con el menor coste económico, que en los convencionales.

Antes del próximo 30 de septiembre se habrá formalizado el contrato del Ministerio de Fomento con Renfe Operadora que recogerá las condiciones de prestación de los servicios declarados obligación de servicio público, así como los mecanismos para su compensación.

Asimismo, se abre la posibilidad de que las comunidades autónomas interesadas en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre relaciones que transcurran por su territorio y que no hayan sido declaradas de obligación de servicio público por la Administración General del Estado, puedan formalizar un contrato de servicio con Renfe Operadora cubriendo el déficit de explotación.

Metodología

La secretaria general de Transportes subrayó en su comparecencia que para el análisis de los servicios de media distancia en las redes de alta velocidad y ancho métrico, se está aplicando la misma metodología que en los de la red convencional.
Así, a partir de un estudio de Ineco sobre la eficiencia del ferrocarril frente a la del modo alternativo, la carretera, se valoran costes y prestaciones desde los puntos de vista social, económico y medioambiental. Sobre los resultados se sientan las bases del Plan que se somete a las consultas y sugerencias de comunidades autónomas y agentes sociales para su definición definitiva.

Las obligaciones de servicio público se revisarán cada dos años, un período según Librero en el que pueden producirse cambios en la infraestructura, la explotación o la demanda que permitan modificar la consideración de esos servicios.