(22/07/2026)  

El acuerdo se adoptó durante el pleno de la Autoridad de la Movilidad de Álava, cuya presidencia ostenta actualmente el Ayuntamiento de Vitoria, y contó con el respaldo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el consistorio vitoriano, las tres instituciones que integran este órgano de cooperación.

El futuro Consorcio supondrá la evolución de la actual Autoridad de la Movilidad y se consolidará como un instrumento permanente para planificar, coordinar y gestionar de forma conjunta las políticas de movilidad y transporte público en el territorio.

Desarrollo por fases

La hoja de ruta aprobada establece las distintas fases que deberán desarrollarse durante los próximos meses para hacer realidad el nuevo Consorcio, que quedará adscrito a la Diputación Foral de Álava. Los primeros trabajos se centrarán en la redacción de los estatutos definitivos que definirán la estructura jurídica del organismo y en el diseño de su modelo de gobernanza.

La planificación aprobada prevé que la constitución jurídica del Consorcio pueda materializarse en el primer semestre de 2027, una vez culminen los trámites administrativos e institucionales previstos. A partir de ese momento continuará el desarrollo progresivo de las actuaciones técnicas, tecnológicas y organizativas contempladas en la hoja de ruta hasta completar la implantación del nuevo modelo.

Planificación coordinada, eficiente y sostenible

El futuro Consorcio permitirá reforzar la colaboración entre las tres administraciones para ofrecer una planificación integrada de la movilidad, optimizar la coordinación entre los diferentes operadores y avanzar hacia un sistema de transporte público más eficiente, sostenible,conectado y adaptado a las necesidades de los ciudadanos.

El acuerdo alcanzado sienta las bases para la integración tarifaria entre Alavabus, Transporte Comarcal, TUVISA y el Tranvía, tomando como referencia el actual modelo de descuentos progresivos e incorporando futuras bonificaciones en los transbordos entre operadores. Asimismo, refuerza la colaboración institucional para mejorar la gestión del transporte público y avanzar hacia un modelo más accesible, que incentive su uso mediante ventajas los usuarios habituales y una mayor protección de los colectivos prioritarios, contribuyendo además a garantizar el acceso a oportunidades laborales, educativas y culturales en toda la provincia.