La Comisión Nacional de los Mercados la Competencia ha valorado como positiva la propuesta de Reglamento comunitario sobre el uso de la capacidad de la infraestructura ferroviaria cuyo periodo de consulta pública finalizó el 17 de noviembre, y plantea varias observaciones.
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(22/11/2023)
Según la Comisión la propuesta incluye tres aspectos relevantes: adelantar los plazos de adjudicación de capacidad por parte de los administradores de infraestructuras, introducir criterios socioeconómicos para asignar los surcos más demandados y que los administradores compensen a las empresas si sufren cambios en la adjudicación.
En el primer caso, considera una medida positiva que los operadores tengan la posibilidad de solicitar capacidad anualmente a los administradores de la red con más antelación y que se acorten los plazos para que se les otorgue. Este cambio “permitirá que el ferrocarril pueda competir con el avión en la venta anticipada de los billetes”. En el segundo, la Comisión también califica como positiva la capacidad en función del valor de los servicios para la sociedad, pero reclama “consultar previamente a las empresas sobre los criterios y ser el organismo que los apruebe”.
En cuanto a las compensaciones por las modificaciones de la capacidad asignada recuerda que “son muy relevantes porque incentivan a los administradores a planificar con antelación las obras, reducen los perjuicios para las empresas y mejoran la fiabilidad ferrocarril como medio de transporte”. En este punto, recuerda que analizó los problemas que causa anular los surcos adjudicados por las obras en la infraestructura en la Resolución de 7 de julio de 2022. Por esta razón, solicita intervenir en la definición de las modificaciones “importantes”, que son las que generarán el derecho a compensación.
Por último, explica que la propuesta de este reglamento refuerza el papel de la Red Europea de Organismos Reguladores y de la Red Europea de Administradores de Infraestructuras. Ambos tendrán capacidad de aprobar directrices para homogeneizar procedimientos y establecer prácticas comunes en la gestión y administración de la capacidad de todos los administradores nacionales. En este punto, la Comisión considera que la Red de Administradores debería tener la obligación de consultar estas directrices con la Red de Reguladores.