(14/11/2012) Con un diagnóstico del sector difícil en que anualmente hay que dedicar 2.600 millones de euros sólo al pago de deuda y 3.122 millones de euros para abonar facturas pendientes, Ana Pastor, aseguró que hay que definir una política integral del sector ferroviario en la que se decida cuáles son las obligaciones de servicio público, qué servicios se deben financiar y cuáles no y, por otra parte, se planifiquen las inversiones en infraestructuras teniendo en cuenta sus retornos sociales y económicos.

Diagnóstico

En su análisis de la situación, la ministra, explicó que Adif es el que mantiene una gran parte de la deuda –más de 14.000 millones- ya que adoptó en su día un “modelo de crecimiento carente de planificación y basado en un endeudamiento desaforado”. Señaló algunos ejemplos como la creación de trece sociedades mixtas de integración del ferrocarril en la ciudad con operaciones basadas en supuestas plusvalías por venta de terrenos que no se han producido y que han hecho que ostenten deudas inasumibles que superan ahora los mil millones de euros. O también que se hayan realizado “obras faraónicas de estaciones con costes superiores a los cien millones de euros y en lo que lo que importaba era que el arquitecto fuera famoso, no que la estación fuera la adecuada y pudiera mantenerse”.

Renfe por su parte “está en una situación financiera comprometida ya que ha alcanzado una deuda de 5.600 millones de euros, con unas pérdidas anuales de 120 millones de euros”. En este caso señaló problemas como el excesivo stock de trenes que cada día que pasan pierden valor, un déficit en el transporte de mercancías que alcanza los noventa millones de euros o servicios en líneas de viajeros con una ocupación del 10 por ciento. En el área de mercancías, Pastor señaló que este transporte “no se va a financiar con fondos públicos”, pero sí hay que esforzarse, mediante la integración con los servicios logísticos, en incrementar la cuota del ferrocarril que ahora está por debajo del 4 por ciento.

La tercera empresa, Feve, tiene “un déficit galopante que ha pasado de 180 millones de euros en 2004 a más de 530 en 2012, con unos ingresos que no cubren ni el 20 por ciento de los gastos de explotación”. Entre las actuaciones que han llevado a esta situación la ministra señaló la adquisición de veintiocho trenes-tram que no disponen de vías por los que circular o el hecho de que la empresa disponga de sedes en Vizcaya, Santander, Asturias y Madrid. “Tenemos que integrar esta empresa en Renfe y Adif para aprovechar sinergias y abaratar costes”.

En el conjunto del sector ferroviario, la ministra criticó que se haya permitido un desfase entre el presupuesto y las obligaciones que se contraían –hecho que ahora está prohibido por ley- pero que ha tenido consecuencias muy graves.

Nuevo modelo 

Para salir de esta situación, Pastor señaló la necesidad de un plan que diseñe un nuevo modelo de gestión de las infraestructuras que tenga también el objetivo de equilibrar las cuentas públicas. En este nuevo modelo “debemos trabajar por terminar con la infrautilización de las infraestructuras, mejorar la planificación decidiendo con criterios de retornos social y económico y buscar una financiación sostenible que no esté basada en el endeudamiento”.

Por otra parte, la ministra quiso insistir en que la liberalización del ferrocarril no significa privatización, sino abrir el mercado a la competencia y en este sentido, se mostró convencida de los beneficios que la liberalización va a reportar al sector ferroviario y al conjunto de los ciudadanos. Aseguró que para ello “hay que poner en valor a Renfe, dar la vuelta a su cuenta de resultados y reestructurarla para que llegue reforzada a competir en un mercado abierto”.

Obligaciones de servicio público

Para un futuro marco liberalizado, aseguró la ministra que hay que distinguir las obligaciones de servicio público –cercanías y media distancia- de los servicios comerciales. Para el primer caso señaló que hay que decidir fórmulas apuntando que en otros países europeos se ha optado por fórmulas de concesión y que Renfe necesitará de un periodo transitorio para estar preparada. En cuanto a los servicios sin subvención pública –larga distancia y alta velocidad- la apertura a nuevos operadores tendrá consecuencias positivas sobre el abaratamiento de precios y la mejora del servicio ferroviario.

En este ámbito la ministra reiteró su anuncio de que antes del 31 de diciembre estarán definidas las obligaciones de servicio público. En lo que afectan a la Media Distancia se están realizando estudios de racionalización –que se consensuarán con las autonomías- para garantizar el derecho de los ciudadanos a la movilidad, con mayores estándares de calidad, pero con una oferta intermodal que elija el medio más eficiente y con menor coste. “No nos podemos permitir- aseguró- ocupaciones del 15 por ciento”. 

En lo que afecta a Adif, la ministra señaló la necesidad de asegurar la transparencia del mercado para el acceso a la red de nuevos operadores, la adaptación al alza del sistema de cánones, el desarrollo de una red de mercancías más competitivo con terminales que den servicio veinticuatro horas todos los días del año y la potenciación de la exportación de su saber hacer.

En cuanto a la reestructuración del sector, recogida en el Decreto Ley 22/2012 de 20 de julio, la ministra reiteró que se llevará adelante la división de Renfe Operadora en cuatro sociedades y la integración de Feve en Renfe y Adif el 1 de enero próximo, asegurando que todo el proceso de reestructuración de las empresas se llevará adelante con el acuerdo de los trabajadores.

Presupuestos para 2013

Por otra parte la ministra de Fomento anunció que el ferrocarril es el sector con más recursos en inversiones, con 4.705 millones de euros, lo que supone un 47 por ciento de la inversión total del Grupo Fomento, prevista en los Presupuestos Generales del estado para 2013.

Una de las principales actuaciones en esta materia será la de Corredor Mediterráneo (1.079 millones de euros). En cuanto a la red convencional serán prioritarias las actuaciones que permitan potenciar el tráfico de mercancías por ferrocarril. El total de la inversión en esta red es de 332 millones de euros.

En Cercanías se elaborará un Plan Global, que incluirá la extensión de la longitud de la red en aquellos lugares donde se estime necesario, el aumento de la accesibilidad, capacidad y seguridad, así como la creación de nuevas estaciones e intercambiadores, así como la mejora de las actuales.

La ministra anunció asimismo que se continuarán las inversiones en alta velocidad hacia Galicia, Asturias, País Vasco y Levante, anunciando además la próxima puesta en servicio de la conexión desde Barcelona a Francia en alta velocidad para el próximo mes de abril.