(26/09/2012) Ese 71 por ciento de europeos apoya la apertura de sus sistemas ferroviarios nacionales y regionales a la competencia, al entender que sería positivo para los precios de los billetes, la calidad de los servicios prestados a los pasajeros, la comodidad y la limpieza de los trenes, su frecuencia y puntualidad, la gestión de las empresas ferroviarias y el número de estaciones o rutas en servicio.

Para los europeos, una mayor competencia en el mercado ferroviario será beneficiosa para todas las partes interesadas, pasajeros, los operadores ferroviarios privados y los trabajadores de las empresas de transporte ferroviario.

Los encuestados, desean que la competencia facilite unos servicios ferroviarios austeros como los de las compañías aéreas de bajo coste y que se fomenten servicios de pago como la restauración a bordo, las películas o la prensa, entre otros.

Casi dos tercios de los europeos desean más canales para comprar los billetes, en línea, a través de los teléfonos inteligentes o a bordo. Además el Eurobarómetro muestra que menos de la mitad de los europeos está satisfecha con sus sistemas ferroviarios, si bien su porcentaje ha mejorado ligeramente desde 1997.

Nueva normativa

En junio de 2011, los ministros de transportes europeos alcanzaron un acuerdo sobre la nueva normativa que establece un mercado ferroviario más competitivo, y en los próximos meses, la Comisión Europea adoptará el llamado cuarto paquete ferroviario (ver noticia ).

Este nuevo paquete normativo permitirá abrir los mercados nacionales de transporte ferroviario de pasajeros a la competencia, reducir los plazos de comercialización y puesta en servicio del material rodante, mediante un refuerzo de la función de la Agencia Ferroviaria Europea, y mejorar la gestión de la infraestructura ferroviaria, todo ello con el objetivo de consolidar la eficiencia de los servicios ferroviarios y mejorar la competencia.

Directiva

La Directiva cuyo contenido se está ultimando definirá unas condiciones más transparentes de acceso al mercado y a los servicios relacionados con el ferrocarril, establecerá reglas explícitas sobre conflictos de intereses y prácticas discriminatorias en el sector ferroviario.

También requerirá “declaraciones de la red” anuales más detalladas, de modo que los que accedan por primera vez al mercado puedan ver claramente las características de la infraestructura disponible y las condiciones para su uso.

Asimismo, se reforzará el poder de los reguladores nacionales, ampliando sus competencias y su independencia de cualquier otra autoridad pública, y fortalecimiento su poder en términos de sanciones, auditoría, procedimientos de apelación y de investigación. Además se establecerá la obligación a cooperar de los reguladores nacionales con sus homólogos en cuestiones transfronterizas.

Asimismo se establecerán normas armonizadas sobre financiación de la infraestructura y su pago que fomenten la inversión en ferrocarril. Estrategias nacionales a largo plazo y acuerdos plurianuales entre el Estado y los administradores de infraestructuras son algunas de las herramientas previstas para ello. Las nuevas normas de pago también estimularán la inversión privada en tecnologías verdes y la interoperabilidad.