(10/04/2012) El Comité de Regulación Ferroviaria, vincula su nacimiento a la promulgación de la Ley de Sector Ferroviario, de 2003,y a lo largo de su aún corta historia ha ido amoldando su estructura y trabajos al desarrollo del nuevo escenario ferroviario. Entre sus funciones están la salvaguardia de la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre la Rde Ferroviaria de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, garantizando la igualdad entre empresas públicas y privadas en las condiciones de acceso al mercado de los referidos servicios y, finalmente, velando para que los cánones y tarifas ferroviarios cumplan lo dispuesto legalmente y no sean discriminatorios.

Una de las formas de trabajo de este comité es la interlocución continua con todos los protagonistas del sector ferroviario, y estos han manifestado de manera reiterada referencias al régimen y funcionamiento de las terminales ferroviarias, así como de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de las operaciones ferroviarias. 

Los temas que más se cuestionaban eran los referidos al régimen de funcionamiento de las terminales gestionadas por Adif, las opciones de gestión privada de terminales y concesiones así como lo referido al establecimiento de cánones, tarifas y precios. También se repiten referencias respecto a a la prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares, la autoprestación o prestación privada de estos servicios a terceros, el acceso a las terminales (horarios, almacenamiento, acarreos, coordinación de tareas, etcétera.) y la información en la Declaración de Red.

Para ahondar en todos estos temas el Comité considera necesario realizar un nuevo estudio propio, vía expediente informativo, dando audiencia pública a todas las posibles partes: Ministerio de Fomento, Adif, empresas ferroviarias, las asociaciones de empresas ferroviarias, y propietarias de vagones, comercializadores, operadores de transporte y logísticos, empresas de transporte por carretera, cargadores, comunidades autónomas, sindicatos, expertos y universidades, etcétera. Con estas aportaciones el Comité realizará el documento que recoja estas aportaciones y las suyas propias.

El plazo para acudir a esta audiencia pública finaliza el próximo 30 de abril y éstas pueden remitirse al correo de este organismo: crf@fomento.es