El secretario argentino de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dimitió el pasado 8 de marzo como consecuencia del accidente de metro que provocó 51 muertos y más de setecientos heridos el pasado 22 de febrero. Mientras, prosigue la investigación del accidente y la polémica sobre sus causas y la forma del gobierno de abordar la tragedia.
(15/03/2012) La oposición y un sector del oficialismo habían pedido la destitución de Schiavi por unas polémicas declaraciones en las que atribuyó la magnitud del siniestro a la costumbre de los viajeros de agolparse en los primeros vagones y afirmó que si hubiera ocurrido en festivo se habría reducido el número de víctimas.
El ya ex secretario tiene prohibido salir del país por orden del juez que investiga las responsabilidades del siniestro, Claudio Bonadío, y que aceptó la petición del gobierno de presentarse como querellante en el proceso judicial.
El accidente, que destapó las graves deficiencias del transporte público y la falta de control del Estado sobre el servicio dado en concesión, ha desgastado la imagen de la presidenta, que tardó cinco días en comparecer en público para hablar del siniestro y seis en intervenir Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria de la línea accidentada.
Enfrentamientos
TBA, propiedad de los hermanos Cirigliano, es uno de los grupos de transporte más poderosos del país y su nombre se relacionó con el ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi y hoy investigado por presunta corrupción.
Medios locales sostienen que las encuestas que se manejaron en el entorno de la Presidencia días después del accidente arrojaron una caída en la imagen de Fernández y un malestar generalizado por la forma de gestionar la tragedia. En medio de la polémica por las pésimas condiciones del servicio ferroviario, la mandataria se enzarzó en un enfrentamiento con el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, por la responsabilidad sobre la red ferroviaria de la ciudad.
Macri rompió unilateralmente un acuerdo alcanzado entre el gobierno y la administración municipal el pasado enero para que el Ayuntamiento asumiera la gestión. Además, presentó hace unos días una medida cautelar para que no haya cambios en la administración del servicio que utiliza cerca de un millón de personas a diario hasta que el ejecutivo nacional "no cumpla" con las obligaciones asumidas en el acta acuerdo de traspaso.