(26/04/2017) La apertura de la jornada corrió a cargo del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que destacó la importancia del Plan Nacional de Infraestructuras y Transportes que se está elaborando. Asimismo, el ministro mencionó la modificación de los sistemas de contratación -la nueva Ley de Contratos del Sector Público se encuentra en tramitación parlamentaria- y de valoración de las ofertas, la transparencia en la gestión, con la extensión de la metodología BIM al conjunto de los contratos público o el establecimiento de un organismo nacional de evaluación de los proyectos son algunas de las medidas que se stán poniendo en marcha y que van repercutir en la agilización de los trámites y, por ende, en el impulso de la inversión en infraestructuras.

El primer estudio, “Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España”, ha sido elaborado por Seopan y la ingeniería Sener, se basa en los informes realizados en septiembre de 2015 por la consultora americana A.T. Kearney, “Áreas prioritarias para una inversión sostenida en infraestructuras en España” y “Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España”, que destacaban el papel decisivo que la construcción de infraestructuras ha tenido y tiene en España, -a este respecto remarcaban la red de transporte moderna y eficiente del país- si bien hacían referencia a las carencias existentes en otros tipos de infraestructuras esenciales como el agua, energía, infrestructuras sociales, transporte convencional y de mercancías, medio ambiente, sociedad digital y urbanismo, así como ala falta de la inversión necesaria en el mantenimiento de las infraestructuras existentes.

El informe de Sener presentado ayer da continuidad a los informes de la consultora americana, destacando la necesidad de impulsar la inversión pública en infraestructuras, como elemento vital para la competitividad del país, la generación de actividad económica y la creación de empleo.

Para ello el informe realiza una propuesta de infraestructuras prioritarias en cuatro áreas de inversión- agua, medio ambiente, transporte y movilidad urbana- , que contempla más de ochocientas actuaciones en planificación y 100.000 milllones de inversión, seleccionadas con criterios basados en la justificación coste/beneficio y en el cumplimiento de la normativa.

El informe establece que, al tratarse de inversiones que se encuentran o han estado en el pasado en fase de planificación, su ejecución sería realizable en el periodo 2017/2021. En 2017/2018 se realizaría la preparación y licitación de contratos, para poder proceder a su ejecución en el perido 2018/2021. El impacto económico inducido durante la ejecución de estas actuaciones inversoras recogidas en el informe supondría 50.851 miilones de euros de retorno fiscal, la generación de más de 994.000 empleos y 78.907 millones de euros de actividad económica inducida.

Búsqueda de un modelo eficiente de CCP

El segundo informe presentado ayer, elaborado por la Asociación de Constructoras y las consultoras Deloitte y Uría Menéndez, analiza el descenso del nivel de inversión del modelo concesional desde el inicio de la consolidación fiscal en 2010, a pesar de sus múltiples ventajas como permitir reducir al mínimo el cómputo de las inversiones en el déficit público, además de diferir y repartir en el largo plazo el canon anual de prestación de servicio.

La necesidad de invertir en infraestructuras social y económicamente rentables, con las limitaciones presupuestarias en la inversión pública, convierten a la colaboración público-privada en la única alternativa viable, ya que además de no impactar negativamente en las cuenta públicas, no altera la titularidad pública de las infraestructuras.

En el informe se analizan las mejores prácticas internacionales en este sentido, extrayendo una serie de conclusiones para el sistema de concesiones en España, además de poner de relieve las carencias del modelo de CCP español en las diferentes fases de los contratos (preparación, licitación y adajudicación, ejecución y finalización). Todo ello para buscar un modelo concesional equilibrado, básico para atraer el interés del capital privado y poder afrontar las necesidad prioritarias en infraestructuras en nuestro país.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en tramitación parlamentaria, constituye una gran oportunidad en este sentido.

Algunas de las recomendaciones extraidas del informe son la maduración de los proyectos con anterioridad a su licitación, el establecimiento de un plazo adecuado de presentación de ofertas, asignación eficiente de riesgos, límite del riesgo del cierre financiero, racionalización en la valoración de ofertas, reequilibro del contrato por modificaciones del proyecto requeridas por el concedente, casos tasados de reequilibrio, mecanismos ágiles de resolución de disputas y de compensación en caso de resolución o el establecimiento de una Oficina Nacional de Evaluación.