(12/12/2016) El objetivo de la actualización de los convenios es equiparar las obligaciones de los municipios de Albolote, Maracena y Armilla con el ferrocarril metropolitano, a las que ya se pudo acoger el Ayuntamiento de la capital, mediante la adenda firmada en octubre de 2014 con el Gobierno andaluz.

Las adendas al convenio de colaboración, suscrito en julio de 2006, permitirán a los tres municipios acogerse a un calendario más flexible en el tiempo de sus obligaciones de aportación a la inversión, de acuerdo a los porcentajes establecidos en los convenios.

Asimismo, se incorpora un mecanismo de compensación, que permitirá a las tres administraciones locales convalidar y descontar hasta un 10 por ciento de su aportación total en la inversión del ferrocarril metropolitano a cambio de obras de movilidad sostenible municipales, aplicando el mismo tratamiento que ha recibido la cuidad de Granada, que incluyó la línea de alta capacidad en dicho mecanismo de compensación.

Con este mecanismo de compensación, la Junta de Andalucía pretende también avanzar en el modelo de movilidad en el que se inserta el metro de Granada, potenciando el conjunto del transporte público, la bicicleta y al peatón.

Convenio de colaboración

El convenio de colaboración para la construcción y puesta en marcha del metropolitano de Granada establecía que, en términos de participación en la inversión, excluido el material móvil, los cuatro municipios aportarían el 17 por ciento del coste, distribuido en función del peso poblacional de las cuatro localidades, y el 87 por ciento restante correría a cargo de la Junta de Andalucía. Además, un tercio de la aportación municipal debía sufragarse durante la fase de obra y los dos tercios restantes en un periodo de treinta años, tras la puesta en servicio comercial.

Actualmente, y desde 2012, los cuatro ayuntamientos están abonando la cuota que les corresponde, de acuerdo al convenio, sobre la inversión ejecutada desde 2007 -año en que se inició la obra- hasta 2011, como consecuencia de las liquidaciones practicadas en 2012 por la Junta de Andalucía.

De acuerdo con la adenda, y al igual que se ha aplicado ya en la capital, estas obligaciones de pagos hasta 2011 se terminarán de abonar en 2018, un año después de la puesta en servicio del metro. A partir de 2019, los ayuntamientos harán frente a su participación en la inversión en el metro por el resto de anualidades pendientes, es decir, lo que les corresponde de las certificaciones de obras entre los años 2012 hasta 2016. Estas aportaciones, además, serán más flexibles, mediante su fraccionamiento en treinta anualidades.

A partir de 2019, los ayuntamientos aportarán su porcentaje correspondiente de las obras realizadas entre 2012 y 2016, pudiendo fraccionar los pagos en treinta anualidades.