(22/04/2015) La iniciativa, anunciada por la presidenta Cristina Fernández el pasado 1 de marzo, se convirtió el pasado 16 de abril en ley, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de abril último.

Mediante la nueva ley, respaldada en el Senado tras obtener 53 votos afirmativos y solo dos en contra, se crea la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, que, a partir de ahora, tendrá el control del sistema ferroviario de cargas y de pasajeros, así como la administración de infraestructura.

La medida oficial fue respaldada por parte de la oposición, como la Unión Cívica Radical (UCR), la conservadora Propuesta Republicana (Pro) y el peronismo disidente, mientras que cosechó solo dos votos en contra, los del senador de Proyecto Sur Fernando Solanas y la senadora del Frente Cívico Córdoba, Norma Morandini.

Gran parte de la red, ya está controlada por el Estado

La recuperación del sistema ferroviario por parte del Gobierno se enmarca en una política que comenzó con la nacionalización de la línea Sarmiento, que conecta la capital con el oeste de la provincia de Buenos Aires, tras un grave accidente –en la estación bonaerense de Once- que dejó medio centenar de muertos en febrero de 2012.

Gran parte de la red está ya controlada por el Estado. Desde el año pasado, las redes Mitre y San Martín han sido gestionadas por Corredores Ferroviarios, parte del grupo Metrovías. Argentren, parte de Ferrovías, ha sido responsable de los servicios Roca y Belgrano Sur .Asimismo, en febrero de 2013, la red Belgrano Cargas pasó también a manos del Estado.

El Gobierno calcula que la renacionalización ahorrará al país alrededor de 43 millones de euros anuales.

Privatización en 1991

La privatización de la red argentina se inició en 1991. Por aquel entonces, Ferrocarriles Argentinos tenía una red de alrededor de 35.000 kilómetros y 92.000 empleados. Gran parte de la infraestructura, de las locomotoras y del material rodante se encontraban en mal estado.

El plan consistía en dividir la red en segmentos y otorgar concesiones a empresas privadas para su explotación mediante licitación. Los servicios de carga y de pasajeros se separaron y, como la mayoría de los servicios interurbanos de pasajeros no eran comercialmente atractivos para el sector privado, el gobierno ofreció estos servicios a las provincias.

Proyecto de ley de nacionalización de ferrocarriles en Argentina (véase) 

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