(06/10/2009) La futura ley se propone abordar la sostenibilidad en una triple dimensión, económica, social y medioambiental. En el ámbito económico se pretende crear “un marco regulatorio de calidad, con el fin de impulsar el crecimiento potencial”.

En su vertiente social se crearán incentivos “que sienten las bases de mejoras competitivas de la economía” y en la medioambiental se buscarán esas mejoras, a través de “inciativas de crecimiento bajo en carbono y de una gestión responsable de los recursos naturales”.

Medio ambiente

En el terreno medioambiental, el de más directa influencia sobre la actividad del transporte en general y del ferrocarril en particular, se fija un objetivo nacional de energías renovables del 20 por ciento sobre el consumo de energía final y un objetivo de eficencia energética en forma de reducción del consumo del otro 20 por ciento, porcentajes ambos ya asumidos por España en el seno de la UE para 2020.

En lo que se refiere a transporte en concreto, el anteproyecto dedica una atención específica a la movilidad sostenible y establece objetivos de mejora del ahorro y la eficiencia energética en el transporte.

Para el objetivo de cuota de renovables, fijado en el 10 por ciento, se prevén instrumentos como “el uso eficiente de los medios de transporte, el cambio modal y la mejora tecnológica de los medios de trasnsporte”.

Planificación

El anteproyecto señala que estos instrumentos deberán “desarrollarse a través de la planificación de ahorro y la eficiencia energética y con la potenciación de herramientas como los planes de movilidad urbana sostenible y los planes de transporte de las empresas, defieniendo sus contenidos esenciales con el objeto de proporcionar una guía de actuación a administraciones públicas y empresas”.

El anteproyecto no contempla impulsar estos planes introduciendo ”cargas desmedidas para ciudadanos y empresas, en coherencia con los principios de buena regulación de la ley”.

Pero, sÍ se incorporan obligaciones concretas en el ámbito del transporte por carretera -para administraciones y concesionarios de servicio público- derivadas de la normativa comunitaria y referidas a la promoción de vehículos más limpios y energéticamente eficientes.

Residuos y emisiones

Asimismo, en esas líneas maestras del anteproyecto de ley se habilitan instrumentos para la redución de residuos y emisiones contaminantes, potenciando “inversiones limpias en sectores no sujetos a comercio de derechos de emisión, como el transporte o la edificación”.

La ley permitirá que esas inversiones “se retribuyan en parte con derechos adicionales, y que se incremente la participación del sector privado en la consecución de objetivos medioambientales, mediante la compensación voluntaria de emisiones de dióxido de carbono con otras actividades o con inversiones en incremento y mantenimiento de masas forestales u otros programas”.