(11/03/2013) En su comparecencia del 4 de marzo en la Comisión de Fomento del Senado, la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, añadió que el plan de racionalización a implantar tendrá tres fases: la primera corresponde a los servicios ferroviarios por la red convencional establecidos en el acuerdo del Consejo de Ministros antes citado; la segunda fase se llevará a cabo antes del 30 de junio de 3013 y en ella se planteará la racionalización de los servicios regionales prestados en la red de alta velocidad, es decir, los servicios Avant, y los servicios prestados sobre la red de ancho métrico que hasta el pasado mes de diciembre los prestaba Feve. Los servicios de cercanías no están afectados por este plan de racionalización.

Situación actual

Los datos ofrecidos por Librero a la Comisión del Fomento fueron: Renfe presta al año más de 167.000 circulaciones en servicios de media distancia en un total de 787 estaciones o apeaderos, y son utilizados por más de dieciséis millones de viajeros, con un coste por viajero de unos 10,90 euros. Estos servicios de media distancia, debido a su trascendencia socioeconómica son, junto con los de Cercanías, los únicos servicios ferroviarios que están sometidos a obligaciones de servicio público.

El reglamento de la Comisión Europea 1370/2007 define las obligaciones de servicio público y permite garantizar la prestación de estos servicios y asegurar su financiación. Esta financiación de los trenes de media distancia supone más de 243 millones de euros anuales a la Administración General del Estado. Pero más allá del coste, afirmó la secretaria general, se detectan importantes ineficiencias, como que el 41,7 por ciento de los trenes se dedican a cubrir servicios que solo utilizan el 16 por ciento de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15 por ciento respecto a las plazas/kilómetro ofertadas.

También existen graves cifras en ciertos trenes como que en las últimas estadísticas hubo 172 estaciones o apeaderos (el 21,8 por ciento de las instalaciones), con menos de un viajero diario que subiera o bajara de un tren de media distancia; y 163 estaciones o apeaderos (un 20,7 por ciento), con uno a cinco viajeros diarios. “Con esta situación de partida, el Real decreto-ley 22/2012 estableció que antes del 31 de diciembre de 2012 el Ministerio de Fomento debía elevar al Consejo de Ministros una propuesta para la declaración de servicios ferroviarios de media distancia como obligaciones de servicio público”, afirmó Librero.

88 relaciones declaradas como obligaciones de servicio público

El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas aquellas relaciones con un aprovechamiento superior al 15 por ciento. En casos excepcionales, si se adoptan medidas correctoras de eficiencia, también serán consideradas las relaciones que presentan un aprovechamiento entre el 10 y el 15 por ciento.

Con estas condiciones se han declarado obligaciones de servicio público 88 relaciones de media distancia y se revisarán cada dos años. Carmen Librero ha puntualizado también que "muchas de las relaciones que han dejado de considerarse obligación de servicio público quedan incluidas en otras relaciones, es decir, que en estos casos las conexiones ferroviarias se siguen manteniendo. Por ello son muy excepcionales los tramos en los que se suprime totalmente el servicio ferroviario de media distancia y, en esos casos, se da respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos de las poblaciones afectadas a través de la oferta alternativa de transporte por carretera".

La secretaria general de Transportes ha concluido que, con las medidas tomadas, el impacto a los viajeros se ha reducido a un 5,7 por ciento de la demanda total, manteniéndose el 80 por ciento de las oportunidades de viaje para que estos viajeros garanticen su movilidad.

Contrato de servicio público con Renfe Operadora

La secretaria general de Transportes ha recordado también que, según el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre, Fomento formalizará, antes del próximo 30 de septiembre, el contrato de servicio público con Renfe Operadora, en el que se reflejarán las condiciones de prestación de los servicios declarados obligación de servicio público, así como los mecanismos para su compensación.

Establece también el acuerdo que, en el caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la Administración General del Estado, podrá formalizar el contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación.

Además, en el primer semestre del año, se producirá la declaración de los servicios ferroviarios de transporte viajeros prestados sobre red de ancho métrico, anteriormente operados por Feve, y de los servicios de media distancia sobre red de alta prestación de servicios Renfe Avant, que se someterán a obligaciones de servicio público.

Transcripción íntegra de la comparecencia de la secretaria general de Transportes, Carmen Librero.