(15/07/2014) Para su aprobación, se ha seguido un proceso acelerado, por el que la ley tendrá una única lectura en cada cámara y será firmada por el Presidente de la República ocho días después del voto final.

La ley de reforma ferroviaria está concebida para crear “un grupo industrial público integrado”, “restablecer el equilibrio económico” del sector ferroviario y enderezar las finanzas del ferrocarril, además de “prepararse” para la introducción de la competencia.

La Parte I de la ley modifica el Código del Transporte en aras de establecer un grupo ferroviario público, formado por tres entidades: SNCF, como órgano matriz público responsable del control estratégico y dos instituciones “hijas”: el gestor de la infraestructura SNCF Réseau y la empresa operadora de trenes SNCF Mobilités.

Las estaciones, bajo la tutela de la empresa operadora

El gestor de la infraestructura unificado se formará mediante la fusión de RFF, la unidad de negocio de mantenimiento, SNCF Infra, y la dirección de control de tráfico, DCF, pero, la gestión de las estaciones permanecerá bajo la tutela de la empresa operadora.

Nuevas cláusulas sobre el control de la deuda y las finanzas ferroviarias formarán la base de los contratos de rendimiento tanto de la empresa operadora como del gestor de la infraestructura. Además, el Gobierno tiene la obligación de elaborar un Plan Director de Transporte Nacional cada cinco años. El regulador ferroviario ARAF consigue poderes adicionales y una mayor independencia, incluyendo la obligación de controlar el gasto en infraestructuras y garantizar que está en línea con el contrato de rendimiento.

La Parte II de la ley incluye varias cláusulas específicas o de transición. Las tres nuevas entidades se establecerán legalmente con efectos del 1 de diciembre de 2014, preparando así el camino para el Código de Transporte revisado entre en vigor el 1 de enero de 2015. Otros artículos proporcionan la continuidad del empleo de la plantilla ferroviaria existente, incluyendo “medidas para crear un marco común para todos los trabajadores del sector ferroviario” y reduce los derechos de los sindicatos ferroviarios a negociar los convenios colectivos en lo que se refiere a condiciones de empleo.