El gobierno brasileño está definiendo un mecanismo de protección para los concesionarios del proyecto de alta velocidad Campinas-Sao Paulo-Río de Janeiro que les proteja en el caso de que la demanda no sea la inicialmente prevista, ha informado la Agencia del estado de Brasil.
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(30/10/2012) El pliego de condiciones definitivo del concurso entra en sus fase final de elaboración, conforme a las previsiones (ver noticia) después de que durante las audiencias públicas se plantearan más de 1.200 contribuciones al proyecto, para su análisis y valoración por parte de la Presidencia brasileña, los ministerios de Transportes, Hacienda y Planeamiento, la Empresa de Planeamiento y Logística y la Agencia Nacional de Transportes Terrestres. En esas aportaciones lo posibles inversores cuestionaron las proyecciones gubernamentales de demanda y demandaron un sistema de protección contra la posible frustración de esas expectativas.
La solución prevista para ese caso sería que durante los períodos de demanda inferior a la prevista, se reduciría el tipo de interés aplicado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Otra posibilidad sería compartir el riesgo derivado de la demanda entre el adjudicatario y el Estado Brasileño.
En ese escenario, el pago fijo por kilómetro de viaje que se ha definido con un mínimo de 66,12 reales –unos 25,20 euros– para un tren de doscientos metros, se sustituiría por un porcentaje de los ingresos de la operadora.
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Propuesta de diseño de Integral Design & Development para el tren brasileño de alta velocidad |
Bernardo Figueiredo, presidente de la Emepresa de Plaenamiento y Logística, se ha referido en su última comparecencia pública al interés de cinco empresas en participar en la primera etapa del proyecto, Alstom, Siemens, Mitsui, CAF y Talgo.
La línea brasileña tendría una longitud de unos 510 kilómetros entre Río de Janeiro y Sao Paulo y de otros cien en el ramal desde esta última ciudad hasta Campinas. El coste estimado de la obra y el equipamiento de la línea se cifra en unos 33.300 millones de reales, unos 12.700 millones de euros, y la demanda en el primer año de funcionamiento en unos 33 millones de viajes.