(05/10/2012) Según los representantes de compañías como Odebrecht Transport, Invepar o CCR/Andrade Gutierrez, que prevén participar en el proyecto (Ver noticia ), el proceso de implantación de la alta velocidad en Brasil no será rápido ni fácil y no tiene el éxito garantizado.

Ante un programa de inversión muy complejo las compañías brasileñas muestran sus dudas. “Necesitamos evaluar la rentabilidad de cada proyecto con detalle, conocer todas las condiciones reglamentarias, técnicas, financieras y legales. No queremos poner en marcha proyectos sin la seguridad de que seremos capaces de completarlos”, señaló Gustavo Rocha, de Invepar. (Ver noticia )

Técnicos extranjeros

Por su parte, EPL ha garantizado que todos los proyectos estarán contratados a finales de la segunda mitad del año que viene, si bien admitió que EPL no cuenta con personal técnico que tenga conocimientos a la altura de ese reto.

El presidente de EPL, Bernardo Figueiredo señaló que tienen “una tarea importante para crear la regulación que permita llevar adelante la alta velocidad en Brasil. No tenemos ingenieros en la cantidad y con la calidad suficientes, y tendremos que traerlos del exterior para ayudarnos en la fase inicial de los proyectos, al menos en los próximos dos o tres años”.

Los empresarios creen que se tardará más de un año en detallar las propuestas y licitar la primera fase y el gobierno a través del Ministerio de Transportes admite, como EPL, que será difícil crear una empresa con el nivel de excelencia que exige un proyecto de alta velocidad, sin técnicos expertos.

Empresas y administración podrían encontrar la solución en dejar en manos de consultoras e inversores la elaboración de los proyectos de ingeniería como se hizo en la época de la presidencia de Collor de Melo en la que un organismo denominado Geipot, contrataba los proyectos de ingeniería.

Ahora Odebrecht Transport propone que la iniciativa privada ayude en la preparación de proyectos a través de instrumentos como los denominados MIP, (Manifestações de Interesse Privado) a través de los cuales el sector privado elabora a su propio riesgo y ventura los proyectos, que luego el gobierno puede adoptar o no.